(ZENIT – Ciudad del Vaticano).- “El año 2015 marca el efectivo funcionamiento de la Autoridad de Información Financiera (AIF) de su fundación”. Lo indicó el jueves 28 de abril en la sala de prensa del Vaticano, el presidente del consejo directivo de la AIF, René Brulhart , junto al director Tommaso di Ruzza, durante la presentación del balance 2015 del Vaticano. Añadió que gracias a ello “se intensificó la cooperación de la autoridad vaticana competente con las contrapartes internacionales para combatir las actividades financieras ilícitas”.

La AIF fue instituida el 30 de diciembre de 2010 por Benedicto XVI, con una carta apostólica en forma de motu proprio y consolidó su mandato con los motu proprio del papa Francisco del 10 de agosto de 2013, y del 15 de noviembre de 2013 que aprueba el nuevo estatuto.

O sea que el ente de vigilancia AIF tiene pleno control para prevenir y luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y controla a los entes que desarrollan profesionalmente actividad de tipo financiero en el Estado-Ciudad del Vaticano.

“También se realizaron inspecciones en el lugar, para reforzar los controles de prevención, incluidos sistemas que permiten señalar y proceder en las verificaciones de los usuarios actuales”, indicó el director.

“En el 2015, fueron investigadas 544 actividades sospechosas –dijo  Brülhart– un aumento respecto a los años anteriores, el triple de las 147 del 2014 ”, lo que demuestra que “se han vuelto más eficaces las colaboraciones con los entes del Vaticano” y que estos “han adquirido mayor responsabilidad”. Señalaron también que el año pasado se registraron 384 intercambios de informaciones con las autoridades internacionales, lo que es indicativo.

Así, desde el 2011 hasta hoy las señalaciones de actividades sospechosas en el Vaticano fueron 893, aumentando cada año, lo que significa no un aumento de actividades financieras ilícitas, explicaron, sino mayor conciencia en señalarlas. Así, “los procedimientos permiten cerrar las cuentas o relaciones no conformes con las políticas actualmente adoptadas”.

Cuando hay una sospecha se realiza una primera intervención que es la suspensión de la transacción como medida cautelar, que puede durar un cierto tiempo. Si no se esclarece el caso, se procede al bloqueo y a la congelación de la relación que el cliente tiene con el ente del Vaticano. O sea que la AIF hace de filtro y envía los casos correspondientes a la Justicia.  Ya 34 casos terminaron en los tribunales de los cuales 17 el presente año.

La AIF se divide, explicaron, en dos oficinas: inteligencia y vigilancia. La primera intercambia información con las contrapartes en el exterior, en cambio la segunda vigila los entes vaticanos que realizan actividad financiera a nivel profesional. En el sector de la vigilancia aumentaron las intervenciones de la AIF. En el 2015 fueron suspendidas 4 relaciones por casi diez millones de euros, y congeladas otras tantas por unos 8 millones de euros.

Sobre el ente de Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, el APSA, indicaron que este órgano no hace más transacciones financieras fuera del Vaticano, y si excepcionalmente tuviera que hacerlas las mismas tendrán que pasar por el control del AIF.

El próximo paso pendiente es en la parte judicial, como solicitado por el comité del Consejo de Europa, MONEYVAL, en el informe de diciembre 2015, en el que considera pocos los casos señalados por la AIF que terminaban en proceso.

En la conferencia de prensa los dirigentes señalaron también, que las relaciones con el Banco central de Italia (Banca d’Italia), son buenas y que se está trabajando para lograr acuerdos más profundos, como los existentes con otros países.

Sobre los contactos que han tenidos con otros países contra los fondos del terrorismo internacional, precisaron que se realizan respetando los protocolos existentes, pero no porque hayan pasado fondos a través del Vaticano. “No hay particulares sospechas”, indicó di Ruzza, y añadió que el tipo de usuarios del Instituto para las Obras de Religión (IOR) son de norma entes y empleados del Vaticano, que no hay operadores financieros externos y tampoco entes de áreas geográficas de riesgo acceden a estos servicios.

Sergio Mora