El año 2018 ha comenzado con un grave peligro para los padres y para los centros educativos: los planes ideológicos que se están materializando por parte de algunos gobiernos autonómicos instaurando políticas populistas y radicales.

Todos ellos son restrictivos e impositivos, rozando en bastantes casos la intolerancia y el totalitarismo, con proyectos para aleccionar ideológicamente y en los que -como viene siendo habitual- no se ha contado ni con padres, familias o profesores.

Una vez más parece que el objetivo es crear división y enfrentamiento entre las familias, sin pretensión alguna de velar por la calidad educativa que reciben los alumnos -nuestros hijos-, haciendo uso, eso sí, de una intencionada demagogia y ejerciendo un ataque frontal a los que no pensamos como ellos.

Así, por ejemplo, en Andalucía y Castilla-La Mancha entran en vigor leyes que con el pretexto de educar en la igualdad y la no violencia, imponen un modelo antropológico que separa la identidad de la corporalidad, sustituyendo el derecho de los padres por el derecho del Estado sobre los hijos, sin opción a la discrepancia o a la objeción de conciencia. El panorama se completa con los planteamientos sesgados para abordar la violencia en la familia, dirigidos únicamente a los varones, es decir, en clave de oposición hombre-mujer.

También en Extremadura la situación es complicada, ya que estas fuerzas políticas pretenden un recorte a la concertada de esta región de casi tres millones de euros, sin considerar que esta medida supondría el despido de cientos de trabajadores y conculcaría uno de los derechos fundamentales de las familias: el de poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.

Por su parte, en la Comunidad Valenciana la batalla se centra en la imposición de una ley sobre plurilingüismo, tema controvertido, que ya provocó el pasado año numerosas manifestaciones en contra. La propuesta del gobierno valenciano impone una inmersión en el valenciano con claro detrimento del castellano, independiente de cuál sea la lengua vehicular, repitiéndose aquí una vez más la falta de consenso en la comunidad educativa, y especialmente de las familias, vulnerando reiteradamente derechos fundamentales.

En definitiva, en estos partidos se aprecia con claridad su incapacidad para respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, la reiterada intolerancia y el procedimiento de actuación totalitario y el pensamiento único.

Por ello, el Presidente Nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, señala la necesidad de hacer frente a estos problemas con unidad, fuerza y argumentos, sin dejarse avasallar en esta manifiesta falta de respeto a las familias españolas, a sus derechos y libertades y sobre todo a los que más aprecian, sus hijos, pidiendo a nuestros políticos, sean del signo que sean, que defiendan en todo momento la pluralidad de la sociedad civil, con sensatez y tolerancia y alejándose de posturas que buscan el enfrentamiento y la confrontación.

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