En la España de hoy, de las muchas manipulaciones dialécticas nacidas en el aparato propagandístico gubernamental, ninguna hay más falaz y malintencionada que la de atribuir a la condición de conservador o de progresista la postura de o bien rechazar o bien aceptar, respectivamente, las cada vez más numerosas leyes y disposiciones de tinte ideológico, con las que los talibanes del pensamiento único imperante van paulatinamente implantando su unilateral modelo de sociedad e incluso, lo que resulta más grave, su propio proyecto personal de vida.
El nuevo cuerpo legislativo (leyes de género, memoria democrática, igualdad, educación, eutanasia, etc.) en un preocupante y amenazador ejercicio de totalitarismo, niega y persigue todo tipo de discrepancias, incorporando capítulos sancionadores con penas de inhabilitación, multas o incluso prisión, como medio de intimidación para quienes públicamente no asuman o meramente no compartan los postulados ideológicos del régimen naciente, estableciéndose por tanto como punibles las creencias y las convicciones de los disconformes ¡aunque estos sean mayoría!
Tal sucede con el proyecto de ley de la eutanasia, en el que el Estado se atribuye el derecho a matar a las personas, utilizando, para mayor sarcasmo, a los profesionales y las instalaciones del servicio público que precisamente tiene encomendada la atención y la protección de la salud ciudadana. La eutanasia como el aborto es sencillamente matar. Es ejecutar un acto criminal contrario al más importante de los derechos personales, el de la vida, amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la vigente Constitución española. Pero se hace preciso ganar la batalla conceptual y argumental, explicando cuál es la alternativa que se defiende. Porque condenar la eutanasia es también defender la dignidad de morir conforme a nuestra condición de personas.
Es la dignidad de recibir la asistencia y los cuidados paliativos precisos para evitar en los procesos terminales el dolor y el sufrimiento. Es la dignidad de no prolongar artificialmente la vida por medios desproporcionados en situaciones irreversibles. Es la dignidad de contar con la ayuda psicológica y afectiva que sanitarios y deudos puedan aportar y las espirituales que las convicciones religiosas del enfermo requieran.
Y finalmente no olvidemos el compromiso por la libertad que represente el derecho a la objeción de conciencia, tan amenazado en la represiva España del presente, donde roto el consenso que presidió la aprobación de la práctica totalidad de las leyes orgánicas, cada día, por ejemplo, se hace más difícil a los educadores y a los sanitarios católicos el ejercer sus profesiones conforme a sus convicciones, ya que su ideario entra en total contradicción con la ideologizada legislación que se va imponiendo.
Francisco Vázquez Vázquez
Embajador de España
