Un Estado de derecho basado en los principios de la justicia, fue el tema central del discurso pronunciado el pasado 13 de octubre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York por el arzobispo Bernardito Aúza, Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU, en el curso de la 69 sesión de la Asamblea General.
»Aunque el compromiso por el estado de derecho pueda parecer universal -afirmó el prelado- todavía persistente el desacuerdo sobre la definición del mismo. La delegación de la Santa Sede ha apoyado una definición de estado de derecho que se basa tanto racional como moralmente en los principios fundamentales de la justicia, incluyendo la dignidad inalienable y el valor de cada persona humana antes de cualquier ley o consenso social; y, como consecuencia del reconocimiento de esa dignidad, los elementos fundamentales de justicia, tales como el respeto del principio de legalidad (nullum crimen sine lege), la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Del mismo modo, en lo que respecta a las relaciones entre los Estados, el estado de derecho significa el máximo respeto por los derechos humanos, la igualdad de derechos de las naciones; y el respeto del derecho consuetudinario internacional, de los tratados (pacta sunt servanda) y de otras fuentes del derecho internacional».
»Por esta razón, en los futuros debates sobre el estado de derecho -prosiguió- mi delegación apreciaría mayor atención a la persona humana y a la sociedad en que vive, porque, más allá de la policía, los tribunales, los jueces, los fiscales y todos el resto de la infraestructura jurídica, el estado de derecho no se puede lograr sin la confianza social, la solidaridad, la responsabilidad ciudadana, el buen gobierno y la educación moral. La familia, las comunidades religiosas y la sociedad civil desempeñan un papel vital en la creación de una sociedad que promueva la integridad pública y la defensa del estado de derecho».
Después el arzobispo observó que en el centro del marco internacional que rige el estado de derecho están la Carta de las Naciones Unidas y los mandatos contenidos en sus fines y en sus principios. »En el ejercicio de estas facultades -subrayó- es oportuno destacar el compromiso de los Estados de cumplir con su obligación de promover el respeto universal de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada individuo, así como de fomentarlos y protegerlos. Si el estado del derecho internacional tiene como objetivo reflejar la justicia, las estructuras para la protección internacional de las personas deben ser aplicadas con justicia e imparcialidad por los Estados con el fin de garantizar la igualdad de recurso a las protecciones disponibles contenidas la Carta de las Naciones Unidas. Me refiero en particular -recalcó- a las minorías religiosas y étnicas en el Oriente Medio y otras regiones, que esperan medidas urgentes para obtener esta protección, incluso a través de una posterior elaboración jurídica de la responsabilidad de proteger».
»La «responsabilidad de proteger» es un reconocimiento de la igualdad de todos ante la ley, basada en la dignidad innata de cada hombre y de cada mujer. La Santa Sede desea reafirmar que todo Estado tiene el deber fundamental de proteger a la propia población de las graves y prolongadas violaciones de los derechos humanos y de las consecuencias de las crisis humanitarias. Si los Estados no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional debe intervenir con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales. La acción de las instituciones internacionales, siempre y cuando respete los principios que son la base del orden internacional, no puede ser interpretada como una imposición injustificada o como limitación de soberanía».
Por último el nuncio reiteró que la Santa Sede espera que el fenómeno cada vez más alarmante del terrorismo internacional, »nuevo en algunas de sus expresiones y profundamente despiadado en su barbarie, pueda representar una oportunidad para un estudio más detallado y urgente sobre cómo implementar el marco jurídico internacional de la aplicación multilateral de nuestra responsabilidad común de proteger a las personas contra toda forma de agresión injusta»
