Reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid

Los equipos psicosociales de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han recibido formación específica para el acompañamiento durante el proceso judicial 

La Comunidad de Madrid se ha personado este año como acusación popular en cinco procedimientos judiciales relacionados con casos de violencia de género, uno derivado del asesinato de una mujer en Madrid, el pasado 4 de enero, y otros cuatro por lesiones graves a mujeres víctimas de violencia de género en la región.

La personación de la Comunidad de Madrid en los procedimientos penales en causas de muerte o lesiones muy graves, así como la mejora de la atención a la víctima en el sistema judicial, son algunas de las nuevas medidas puestas en marcha por el Gobierno regional en el marco de la Estrategia contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 2016-2021, aprobada en noviembre del año pasado y cuyo balance se ha presentado en la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad.

A la reunión han asistido el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido; el consejero de Política Social y Familia, Carlos Izquierdo; la directora general de la Mujer, Dolores Moreno; y representantes del resto de consejerías implicadas y de los principales agentes sociales de la región.

La Comunidad de Madrid también ofrece apoyo a las víctimas de violencia de género durante todo el proceso judicial. Así, cuenta con 23 equipos psicosociales adscritos a cada uno de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la región. En 2016, 20 psicólogos y 20 trabajadores sociales de estos equipos han recibido formación específica sobre funciones y protocolos en esta materia.

La Estrategia, dotada con un presupuesto de 272 millones de euros, contiene un total de 160 medidas, entre las que destacan aquellas destinadas a reforzar la prevención de la violencia de género en todos los niveles del sistema educativo; a facilitar el acceso a la vivienda pública a las mujeres víctimas de violencia de género; a proteger a los colectivos de mujeres más vulnerables (mujeres con discapacidad, mayores, adolescentes, mujeres que residen en el ámbito rural, mujeres inmigrantes o pertenecientes a determinadas etnias, etc.); a dar prioridad a las víctimas de violencia de género en el acceso a programas de formación para el empleo; a llevar a cabo iniciativas de apoyo a emprendedoras; y a mejorar la coordinación de las administraciones y servicios públicos.

Todas las medidas incluidas en la Estrategia se articulan en torno a tres ejes estratégicos: sensibilización y prevención, atención integral y coordinación, seguimiento y evaluación.

Charlas en colegios e institutos
Entre las actuaciones de prevención y sensibilización, la Comunidad va a impartir este curso escolar más de 14.000 sesiones de prevención en colegios e institutos de la región, dirigidas a profesores, alumnos y asociaciones de padres y madres de alumnos.

Paralelamente, se están realizando campañas específicas de formación y concienciación de determinados agentes sociales con capacidad de influencia, por ejemplo, en el ámbito educativo, medios de comunicación, sanidad o en los ámbitos judicial y policial, entre otros.

Con la Estrategia aprobada se trata de reforzar y consolidar la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, adecuando las respuestas a la situación personal de cada mujer, con especial consideración hacia las mujeres que tienen mayor riesgo de sufrir violencia de género o presentan especiales dificultades para acceder a los recursos. 

La Red de Atención Integral para la Violencia de Género está formada por 28 recursos residenciales y no residenciales. Entre los residenciales figuran 5 centros de emergencia, 4 de acogida, 7 pisos tutelados, 2 centros para víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres que desean abandonar el ejercicio de la prostitución, 4 centros para mujeres jóvenes víctimas de violencia, y un centro para mujeres reclusas y ex reclusas. Entre los centros no residenciales, el centro de atención psicosocial Programa MIRA, el centro de día para mujeres víctimas de trata Proyecto Esperanza, el centro para víctimas de violencia sexual CIMASCAM y 2 centros de día con programas específicos para mujeres inmigrantes (Pachamama y Ayaan Hirsi Alí).

Asimismo, hay una Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que se compone de un total de 52 Puntos Municipales que, a través de convenios de colaboración, dan cobertura a los 179 municipios de la región. En 2016, a estos Puntos Municipales se han derivado un total de 2.837 resoluciones judiciales (sentencias, órdenes de protección y medidas cautelares), desde el Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección de la Dirección General de la Mujer.

Los Puntos Municipales llevan a cabo también una importante labor de prevención, ya que atienden a mujeres que no disponen de medida judicial de protección a su favor o que aún no han denunciado.

Por otro lado, la Red de Puntos de Empleo para Mujeres, en 20 Oficinas de Empleo de la región y que tiene como objetivo mejorar y facilitar la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género, ha realizado 1.799 atenciones específicas de información y orientación profesional y ha suscrito un total de 883 contratos durante 2015.

Estrategia contra la trata
En la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género también se ha presentado la Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2016-2021, que fue aprobada el pasado mes de julio. La Estrategia cuenta con 44 medidas y una dotación presupuestaria de 7 millones de euros.

Con esta Estrategia se pretende visibilizar la realidad de la trata de seres humanos como una realidad existente en nuestro entorno; aumentar la información y formación sobre la trata con fines de explotación sexual entre los profesionales; y reforzar los mecanismos de detección, identificación, asistencia y protección a víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.