El Gobierno regional renovará los Convenios de Atención Social Primaria con los ayuntamientos y mancomunidades
También firmará con las entidades locales convenios para cubrir necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad
La Comunidad de Madrid ha garantizado a los Ayuntamientos y Mancomunidades de la región la continuidad y calidad de los servicios sociales en todos los municipios, a través de la renovación para 2016 de los Convenios de Atención social primaria, Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, se ha reunido con los concejales de Servicios Sociales de ayuntamientos y mancomunidades de la Comunidad de Madrid, a quienes les ha trasladado que el Gobierno regional va a renovar los 55 convenios para el desarrollo de los servicios sociales en todos los municipios.
A través de estos convenios, cuyo ámbito de actuación abarca los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, se financian programas que integran atenciones personalizadas, preventivas, de promoción e inserción social, como es el Servicio de Atención Domiciliaria dirigido a todos los sectores de población no dependiente así como programas de promoción de la autonomía personal, Emergencia social, Programa de Atención al Menor, etc.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, se suscribe todos los años un convenio que, además de los programas antes citados, también incluye la financiación de servicios de atención para personas en situación de dependencia, como son residencias, centros de día y servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia para esas personas.
Lucha contra la exclusión social y pobreza infantil
Junto con los Convenios de Atención Social Primaria, Carlos Izquierdo ha avanzado que se van a suscribir otros 55 convenios con las entidades locales de la región para financiar proyectos sociales propuestos por las corporaciones locales dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, que cubran necesidades básicas (alimentación, higiene, ropa) y faciliten el acceso a otros servicios como los de salud, educación, vivienda y empleo, así como el acompañamiento y el trabajo social con las familias.
Estos convenios cuentan con un importe de 1,4 millones de euros para los 179 municipios de la región, a través de la financiación que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad transfiere a las comunidades autónomas para luchar contra la exclusión social y la pobreza infantil, en colaboración con las entidades locales.
Ley de racionalización de la Administración local
Por otra parte, el consejero de Políticas Sociales y Familia también ha abordado con los concejales de Servicios Sociales la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en las entidades locales. Izquierdo ha asegurado que hasta que haya un nuevo sistema de financiación autonómica, el mantenimiento de los servicios sociales para el conjunto de las administraciones implicadas no va a suponer mayor gasto.
La Ley 27/2013, de 27 de abril, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, incorpora modificaciones en cuanto a las competencias y financiación de los servicios sociales. Una vez aprobada la ley, y con el objetivo de garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos, las comunidades autónomas han aprobado determinadas disposiciones normativas para que las entidades locales sigan asumiendo competencias en materia de servicios sociales.
Así, la Comunidad de Madrid aprobó la Ley 1/2014, de 25 de julio, de adaptación del régimen local de la Comunidad de Madrid a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que recoge expresamente que todas aquellas competencias de las entidades locales definidas como propias por una ley anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, se mantendrán en sus mismos términos.
De esta manera, la normativa autonómica permite que las entidades locales, en el ámbito de los servicios sociales, continúen prestando estos servicios, así como los de promoción y reinserción social, hasta que se establezca un nuevo sistema de financiación autonómica que permita a las comunidades autónomas financiar íntegramente los servicios sociales que, hasta ahora, se han venido cofinanciando con los municipios.
