Incluyen las nuevas sedes judiciales y el refuerzo de la seguridad en los juzgados de Plaza de Castilla y Capitán Haya o en el Instituto Anatómico Forense.

La Comunidad de Madrid va a licitar el contrato del servicio de vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales adscritas a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por 21,6 millones de euros para los próximos dos años, según el acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno.

El contrato, que tiene posibilidad de prórroga hasta por dos años más, tiene por objeto garantizar que la actividad judicial se desarrolle sin incidencias, con un control en el acceso de las personas a las sedes y con la vigilancia de los edificios.

El presupuesto de licitación incluye el coste del personal que presta los servicios de vigilancia y seguridad, la posible subrogación de plantilla, el mantenimiento de los sistemas de seguridad (arcos, escáneres, sistemas de videovigilancia, sistemas anti-intrusión y sus alarmas, etc.) o una bolsa de horas para atender posibles imprevistos que puedan surgir en los juzgados. También se ha incluido la adaptación de los armeros de las 21 sedes en las que se van a prestar servicios armados.

El nuevo contrato supone una ampliación del servicio respecto al vigente, ya que se incorporan nuevas sedes como la de la Audiencia Provincial, que agrupa las secciones Civil y la de lo Mercantil; la de Fernando El Católico, 47; la de la calle Albasanz; o el nuevo juzgado de refuerzo de Hermanos García Noblejas, 37, que cuenta con entrada independiente en el edificio.

Refuerzo de la seguridad
Asimismo, se refuerza la seguridad en otras instalaciones, como los juzgados de Plaza de Castilla y Capitán Haya, las grandes sedes judiciales de Madrid capital; y el Instituto Anatómico Forense.

La licitación de este contrato sigue los criterios que se han establecido para la adjudicación de servicios de vigilancia y seguridad por parte de la Comunidad de Madrid, de forma que el peso del factor precio se limita a la mitad de la puntuación final y se priman otros criterios. Entre ellos, algunos de carácter social con repercusión en la calidad de la prestación del servicio, como la existencia y aplicación de Planes de Igualdad, Código deontológico o protocolos de tratamiento y prevención de situaciones de acoso laboral o sexual; y otros de naturaleza organizativa, como la existencia de un Plan de seguridad, la introducción de procedimientos de control e inspección del servicio o la formación para todos los vigilantes.