El Consejo de Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público de personal docente para este año. 

El número de plazas aprobadas se corresponde con el 100% de la tasa de reposición de efectivos. 

Las pruebas se realizarán en verano y los nuevos maestros se incorporarán a los colegios públicos el próximo curso

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público docente para el año 2017, que supondrá la convocatoria de 1.400 plazas del Cuerpo de Maestros, con oferta en todas las especialidades. Se trata de una medida del Gobierno regional para seguir mejorando la calidad del sistema educativo madrileño. La Comunidad de Madrid ha sido la única comunidad autónoma que ha convocado plazas docentes todos los años, a pesar de la crisis económica.

La convocatoria se enmarca en la apuesta de la Comunidad de Madrid por una enseñanza caracterizada por los principios de calidad y excelencia y supone un importante refuerzo del personal docente que desarrolla sus funciones en los centros educativos públicos madrileños de Infantil y Primaria.

Esta convocatoria de plazas de maestro se suma a la que se convocó el año pasado para profesores de Secundaria y Formación Profesional (1.500), con lo que se vuelve al modelo alterno de oposiciones –un año se convocan para maestro y al siguiente para profesor- que genera mayor certidumbre a los potenciales opositores y facilita su organización y programación.

Se van a convocar plazas en todas las especialidades, en concreto 400 para Lengua Extranjera (Inglés), 360 para Educación Infantil, 200 para Primaria, 150 para Pedagogía Terapéutica, 130 para Educación Física, 90 para Audición y Lenguaje y 70 para Música.

El número de plazas aprobadas por el Gobierno regional responde al 100% de la tasa de reposición de efectivos, al ser el máximo porcentaje permitido por la normativa básica estatal para este colectivo. Los detalles de las oposiciones a maestro se recogerán en una convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) una vez aprobada la Oferta Pública de Empleo de la Comunidad de Madrid.

La fecha prevista para la realización de la primera prueba es el próximo 24 de junio. El objetivo es que estos profesionales puedan incorporarse a sus plazas en el próximo curso académico 2017/18.

En línea con la política de fomentar el acceso de personas con algún tipo de discapacidad a la función pública en la Comunidad de Madrid, se les reservará al menos un 7% del total de plazas ofertadas.

La Comunidad tiene previsto aprobar 11 nuevas leyes y más de 60 normas en 2018

El plan, que será publicado en el Portal de Transparencia, refuerza la seguridad jurídica, la participación ciudadana y la revisión del ordenamiento jurídico

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar 11 nuevas leyes y 66 normas reglamentarias a lo largo del año que viene, según recoge el Plan Anual Normativo para 2018 que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y que, ahora, será publicado en el Portal de Transparencia.

Este plan, que se elabora por primera vez, en línea con la nueva legislación estatal sobre procedimiento administrativo común, supone un impulso a la hora de reforzar la seguridad jurídica, la participación ciudadana y la revisión del ordenamiento jurídico en la Comunidad de Madrid.

Este plan anual, coordinado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, incluye las iniciativas legales o reglamentarias que se van a aprobar en el siguiente ejercicio. Debe ser aprobado en Consejo de Gobierno antes del 30 de abril del año inmediatamente anterior.

Así, en 2018, el Gobierno regional tiene previsto aprobar 11 proyectos de Ley relativos a responsabilidad medioambiental, a ayudas financiadas con fondos agrícolas europeos, a salud pública, a ordenación farmacéutica, a la autoridad del personal sanitario, a investigación científica e innovación, al Plan de Estadística, a las cooperativas, a los presupuestos de la región así como a los archivos y documentos de la Comunidad de Madrid.

El plan también prevé la aprobación de 66 normas reglamentarias, vía decreto, sobre distintas materias, entre ellas el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones, la regulación de los centros de servicios sociales, de los puntos de encuentro familiar, el reglamento de adopciones y acogimiento, el reglamento de los servicios de transporte público urbano en automóviles de turismo, de las viviendas con protección pública o la regulación de la sanidad mortuoria o del procedimiento de creación y reconocimiento de universidades.

Cualquier propuesta normativa que no esté recogida en el plan y se eleve a Consejo de Gobierno en 2018 deberá incluir una justificación de este hecho, en la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo.

Evaluación de los resultados
El plan también identifica 16 normas que deberán someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, de manera que se pueda constatar la eficacia de la norma aprobada, es decir, si ha conseguido los fines propuestos; y su eficiencia, identificando cargas administrativas que podrían evitarse y la sostenibilidad de la disposición.

La aprobación de este plan facilitará la participación de ciudadanos y empresas en los procedimientos de consulta pública previos a la elaboración de las normas, así como en los trámites de audiencia e información pública posteriores.