Al comienzo de una nueva legislatura, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, pide al Gobierno alternativas a los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), objeto continuo de preocupación en los informes de la institución. Las denuncias sobre violación de derechos en estos centros, reconoce, procede a menudo de las ONG que acceden a los recintos.

Los CIE siguen siendo una pieza central de la política migratoria en España pese a las reiteradas críticas del Defensor del Pueblo. A la espera de que se conozca su nuevo informe anual, ¿qué prioridades le transmitiría al nuevo Gobierno?
Ya en el Informe Anual del Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de 2017, la institución apuntaba que «es preciso abordar con carácter urgente una reforma integral del sistema de internamientos en España». En nuestra opinión, el modelo actual es ineficiente y contrario a la finalidad que tiene atribuida legalmente.

La institución considera que se deben estudiar alternativas al internamiento como el retorno voluntario, el ingreso en dispositivos residenciales tutelados o el control electrónico a través de brazaletes geolocalizadores. Otra cuestión que nos preocupa es qué ocurre con estas personas una vez que abandonan el CIE. En este sentido creemos que habría que seguir los pasos de otros países europeos para que las personas que no han podido ser repatriadas puedan mantener su dignidad personal y realizar algún tipo de actividad lícita que contribuya a la economía del país y a la suya propia.

Cualquier ciudadano español puede acudir al Defensor del Pueblo, pero quienes ven vulnerados sus derechos en un CIE no se caracterizan habitualmente por su activa participación política y social, a menudo por cuestiones básicas como el desconocimiento de la lengua. ¿Cómo trabaja su oficina para, de oficio, llegar a estas personas y conocer unas historias que, de otra forma, probablemente jamás serían conocidas?
El Defensor del Pueblo  realiza inspecciones periódicas, sin previo aviso, a todos los lugares dónde se encuentran personas privadas de libertad. En 2018, el Defensor del Pueblo ha realizado visitas a los centros de internamiento de extranjeros de Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia y Tarifa (Cádiz). Estos centros fueron visitados por el MNP [Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura] en un total de 47 ocasiones desde el año 2010. Además, la institución recibe numerosas quejas de personas internadas en estos centros. Es destacable la labor que realizan las ONG que acceden a los CIE y los abogados y abogadas que asisten a estas personas, y que muchas veces son los que nos dan traslado de sus quejas.

¿Cómo se articula la colaboración con esas ONG presentes en los CIE?
Desde el Defensor del Pueblo mantenemos una estrecha relación con las entidades sociales que nos hacen llegar sus quejas cuando detectan alguna disfunción. Este año el Defensor organizó una jornada con las ONG y entidades sociales que acceden al CIE de Aluche para mejorar los canales de comunicación con ellas y facilitarles la presentación de quejas.

R. B.
Imagen: El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.
(Foto: EFE/Mariscal)