Dos nuevas sentencias judiciales, dictadas en este caso por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1 de Burgos y nº 4 de Valencia, han dado nuevamente la razón a los servicios jurídicos de la organización de defensa de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) y han reducido el importe de las sanciones -de 300 € a 100 €, en un caso, y de 500 € a 400 €, en otro-, que la DGT había impuesto a dos conductores por excederse de la velocidad, obligando también a devolverles los puntos que ilegalmente les habían detraído (dos a cada uno).

La DGT no aplicó ningún margen de error
Las dos sentencias consideran que si bien se produjeron los excesos de velocidad, las sanciones impuestas no se correspondían con las establecidas en el “Cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad que se contempla en el Anexo IV de la Ley de Tráfico” por cuanto la DGT no “ha aplicado ningún margen de error a la medición de la velocidad”.

Tal y como se razona, con absoluta nitidez, en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia del juzgado de Burgos “el examen de las actuaciones permite declarar probado que la medición de la velocidad efectuada por el cinemómetro empleado en autos no aplica ningún margen de error, luego no se ha tenido en cuenta la regulación que acerca de errores máximos permitidos contiene la Orden ITC/3123/2010 con lo que ya se aprecia vulneración legal”.

En la medición que efectúan los radares no está descontado el margen de error
No obstante -a juicio de AEA- la importancia de está sentencia estriba, no sólo en poner de manifiesto el ilegal proceder de la Administración al imponer sanciones por encima de la ley, sino en rechazar, de forma contundente, un recurrente alegato que con frecuencia suele utilizar la Abogacía del Estado de que la medición efectuada por radares ya incluye el margen de error.”

Decenas de sentencias contra la DGT, el Gobierno Vasco y el Servei Catalá de Tránsit
Estas últimas resoluciones judiciales se unen a las decenas de sentencias judiciales promovidas por los servicios jurídicos de AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) en defensa de los intereses de sus miembros, ante los distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de España (núms. 1, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 24 de Madrid; 1 y 2 de Tarragona; 4 y 15 de Barcelona; 2 de Oviedo; 1 de Gijón; 1, 2 y 3 de San Sebastián; 3 de Bilbao; 2 de Burgos; 2 y 4 de A Coruña; 1 de Ourense; 4 de Valencia; 3 de Sevilla, por citar algunas) y pone de nuevo en evidencia el ilegal proceder de las autoridades de tráfico al imponer sanciones de velocidad por encima de lo que marca la ley.

Actuación ilegal y contumaz de la DGT, del Gobierno Vasco y del Servei Catalá de Tránsit
Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “Una vez más tenemos que denunciar la ilegal y contumaz actuación de la DGT, del Gobierno Vasco y del Servei Catalá de Tránsit en la graduación de las sanciones impuestas por excesos de velocidad, ya que no aplican correctamente el margen de error legalmente establecido para los radares que captan las supuestas infracciones y sobre cuya legalidad ya se han pronunciado numerosos juzgados y Tribunales Superiores de Justicia”.

AEA va a solicitar al nuevo Director General de Tráfico que devuelva el dinero y los puntos
Por ese motivo, AEA va a solicitar al nuevo Director General de Tráfico que devuelva el importe cobrado y los puntos detraídos indebidamente en los últimos cuatro años a más de 500.000 conductores.

Y ello porque –a juicio del presidente de AEA, Mario Arnaldo- después de la reforma de la Ley de Tráfico del 2009 es inconstitucional que un mismo exceso de velocidad se sancione de manera diferente dependiendo del territorio donde se cometa la infracción o por el hecho de que un ciudadano decida acudir a los tribunales para defender sus legítimos derechos”.

La justicia no puede ser una lotería
Y desde luego lo que resulta inadmisible -concluye Arnaldo- es que haya jueces, por cierto cada vez más minoritarios, que estén confirmando este tipo de multas al considerar que en la medición dada por los radares ya se ha descontado el margen de error. Porque eso supone convertir la justicia en una suerte de lotería al sancionar un mismo hecho de distinta manera en función del juzgado donde toque ventilar el asunto. Y eso para los ciudadanos resulta muy difícil de entender.”