(Madrid, marzo 2020).- Tras la aprobación del proyecto de Ley de Educación que ahora se llamará LOMLOE, el presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, ha manifestado su absoluto desacuerdo con una ley impuesta, que no ha contado con el mínimo consenso, diálogo ni acuerdo, donde las familias no se han tenido en consideración en ningún momento, desaparece la demanda social, se aprueba con asignaturas suspensas, se vuelve a marginar a la religión (hay que recordar que la solicitan de forma voluntaria esta asignatura más de tres millones y medio de alumnos) y se pone en riesgo la continuidad de concierto educativo.

La nueva ley se propone como una modernización de la FP (algo que se ha planteado siempre en todas las reformas anteriores, por lo que no supone ninguna novedad pero que CONCAPA sí ve positiva siempre que se vertebre de una forma uniforme por toda la red de centros sostenidos con fondos públicos), una apuesta económica (más becas y más inversión, aunque todos los informes realizados en este sentido indican que más inversión no significa una mejora educativa) y un descenso de exigencia (se suprimen las pruebas finales de etapa, se puede pasar de curso y obtener título con asignaturas suspensas, etc.)

¿Por dónde va la nueva ley? Pues por lo que todos adivinábamos: suprimir la pluralidad educativa -por ejemplo, se castiga a los modelos de coeducación-, se degrada a la asignatura de Religión -sin alternativa y peso específico alguno, vulnerando la libertad religiosa-, se impone una asignatura de educación en valores cívicos y éticos -vuelta a la antigua EpC-, se da más peso a las Comunidades Autónomas en los contenidos y en la lengua -olvidando el conocimiento de la lengua materna-, se añaden algunas trasversales “nuevas” como el desarrollo sostenible o la igualdad de género -creando más controversia-, y finalmente se apuesta por la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años vertebrándola por la red pública -en claro perjuicio de la red concertada-.

¿Qué es lo que queda claro? Que se vulneran una vez más los derechos fundamentales de las familias para poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos -libertad de elección y libertad de enseñanza-, que se intenta arrinconar a la enseñanza concertada vulnerando la libertad religiosa -asignatura de religión-,  y que se rebaja a mínimos el nivel de exigencia y de esfuerzo, por no hablar de que brilla por su ausencia el “consenso y el diálogo” que garanticen una estabilidad del sistema y la consecución del tan ansiado pacto social y político por la educación. Eso sí, se incorporan los llamados “comisarios políticos” que se implantan en los centros concertados con la inclusión del representante municipal en el consejo escolar.

Para Caballero, lo que está sucediendo es “un grave retroceso” porque hemos perdido una gran ocasión de poner en marcha una buena ley, una ley con peso específico que no vaya en detrimento de la libertad de las familias (su libre elección queda ahora subordinada a la planificación de las autoridades administrativas) y que apueste por la mejora real de los resultados educativos en nuestro país, sin necesidad de rebajar el nivel para llegar a los parámetros de aprobado que se buscan gratuitamente para las estadísticas.

El presidente de CONCAPA señaló que “los padres no vamos a ceder nuestras responsabilidades al Estado y consideramos que la educación debe respetar la pluralidad de la sociedad, correspondiendo a los padres colaborar y participar activamente en la escuela y en la educación de sus hijos”. Desde CONCAPA pedimos a la ministra de Educación que apueste clara e inequívocamente por la libertad de enseñanza y la libertad de las familias para poder elegir el tipo de educación y el centro educativo que desean para sus hijos, como nos garantizó en la reunión que mantuvimos en el Ministerio el pasado día 26 de febrero.

CONCAPA