El Gobierno regional invertirá 8,2 millones de euros para la ejecución de este acuerdo, que se extenderá hasta 2022.
Las 24 oficinas liquidadoras podrán utilizar los sistemas del Ejecutivo madrileño para llevar a cabo las nuevas tareas asignadas.
07 de enero de 2021.- La Comunidad de Madrid ha renovado el convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para la gestión y liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), así como del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Se trata de un convenio que tiene su origen en 2002, con el que en 2019 se gestionaron autoliquidaciones por un importe de 550,7 millones de euros, y que, en esta ocasión, presenta una serie de novedades.
Hasta ahora, las 24 oficinas liquidadoras ubicadas en los Registros de la Propiedad se han encargado de informar, recepcionar declaraciones, proceder a sus liquidaciones o resolver recursos, entre otras tareas.
Sin embargo, con el nuevo acuerdo, las oficinas elaborarán autoliquidaciones a instancia del contribuyente utilizando los sistemas de la Comunidad de Madrid en las presentaciones y la asistencia para el pago por vía electrónica.
También establecerán un sistema de cita previa, grabarán y digitalizarán declaraciones y procederán a enviarlas a los Servicios Centrales de la Comunidad; o elaborarán propuestas de resolución de solicitudes de rectificación de autoliquidaciones y devolución de ingresos, entre otras funciones.
Acciones de la Comunidad de Madrid
Por su parte, la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid ejercerá la coordinación, supervisión e inspección de estas oficinas, además de fijar criterios e instrucciones.
También tramitará y resolverá aplazamientos y fraccionamientos de deuda, emitirá providencias de apremio, inspeccionará y, entre otras tareas, asumirá de forma exclusiva la tramitación de liquidaciones procedentes de resoluciones de órganos económico-administrativos y judiciales.
A cambio, la Comunidad de Madrid asignará una nueva retribución fija anual por cada oficina, otra en función de las actuaciones realizadas y una variable según las liquidaciones ingresadas. En total, la partida presupuestada para el convenio asciende a 8,2 millones de euros, a distribuir hasta el año 2022.
