El Gobierno regional atiende la petición de las principales asociaciones del sector para paliar los efectos del COVID-19.
La prórroga autoriza que los automóviles sigan prestando servicio hasta el 31 de diciembre de 2022.
El Decreto aporta seguridad jurídica a los miles de trabajadores del taxi, sector integrado sobre todo por autónomos.
La actividad del taxi cayó hasta un 72% en el último cuatrimestre del año pasado.
17 de marzo de 2021.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy un Decreto por el que se autoriza una moratoria de dos años en la antigüedad máxima de los vehículos que prestan servicios de transporte de viajeros adscritos a una licencia de taxi en la región.
Con la moratoria autorizada por el Consejo de Gobierno se permitirá a los titulares de estas licencias, cuyos vehículos hayan superado ya los 10 años de antigüedad a partir del 1 de enero de 2021, contada desde su primera matriculación, mantenerlos en servicio hasta el próximo 31 de diciembre de 2022.
De acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, regulado por el Decreto 74/2005, este establece que aquellos vehículos que estén adscritos a una licencia de taxi no podrán continuar prestando servicio a partir de que alcancen una antigüedad superior a los diez años, contados desde su primera matriculación.
Según las estimaciones de las principales asociaciones del sector, esta iniciativa beneficiará a alrededor de un millar de vehículos que podrán seguir prestado servicio como taxi durante los próximos dos años.
Desde hace ahora un año el transporte de viajeros en taxi ha sufrido una drástica reducción en su actividad. Lejos de recuperarse de manera progresiva, los datos reflejan que la crisis se prolongará durante el presente ejercicio y el siguiente, por lo que se hace necesario adoptar medidas que contribuyan a minimizar el perjuicio económico que la pandemia está provocando en numerosos sectores profesionales, entre ellos el sector del taxi, integrado en su mayoría por trabajadores autónomos.
El Decreto aprobado se adecua a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, conforme a los principios de necesidad y eficacia, justifica el interés público de atender esta situación de inseguridad económica que afecta a todo el sector del taxi como consecuencia de la crisis de la COVID-19.
Las medidas de restricción de la movilidad puestas en marcha frente a la pandemia han tenido un importante impacto en el uso del taxi, con un descenso en su actividad de más del 87% en los peores momentos de la crisis sanitaria. El último informe elaborado por la Comunidad de Madrid refleja una caída de la actividad del taxi del 72% en el último cuatrimestre de 2020.
