El Consejo de Gobierno da vía libre al texto sobre 1,2 millones de madrileños que se enviará a la Asamblea para su tramitación.
Hace una apuesta por el derecho a crecer en familia y establece pasarelas entre los sistemas de acogimiento y adopción.
El Gobierno regional promueve la escolarización universal y gratuita a niños 0-3 años ya en vigor desde 2019 en la red pública de Escuelas Infantiles.
Articula mecanismos de ayuda para velar por la vida y la salud del nasciturus, poniendo los medios necesarios para que las madres puedan continuar con su embarazo.
13 de julio 2022.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. La norma autonómica sustituirá a la actual, en vigor desde 1995, para actualizar e incorporar las nuevas realidades en relación con la protección de los intereses y la garantía de los derechos de los 1,2 millones de niños y jóvenes de la región y, especialmente, adaptarla al marco legislativo nacional e internacional y a los desafíos de la sociedad.
El documento reconoce y garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de los que son titulares los menores de edad, así como establece los principios rectores de la actuación administrativa en materia de infancia y adolescencia y el marco de colaboración con las familias, el resto de Administraciones públicas, las entidades del Tercer sector y las empresas, identificando los órganos de atención y garantía de sus derechos. Además, adecúa la legislación a las mejores prácticas en valoración y tratamiento del riesgo, impulsando a tal efecto los mecanismos de protección y prevención.
La nueva Ley hace una apuesta por el cumplimiento efectivo del derecho del niño a crecer en una familia, especialmente en el caso de los menores de 6 años. Se incluyen pasarelas entre los sistemas de acogimiento y adopción para garantizar situaciones estables para los niños, unificando procedimientos y declaraciones de idoneidad. Además, subraya el carácter prevalente del interés superior del menor frente a otros intereses legítimos y regula las entregas voluntarias, garantizando de este modo canales seguros para la madre y el niño.
La Comunidad de Madrid reafirma con este proyecto de Ley su compromiso de proteger el derecho a la vida, la supervivencia y la integridad física, psicológica y moral de los niños, movilizando a tal efecto todos los recursos disponibles, en aras a la salvaguarda del interés superior del menor. Este deber de protección se extiende no solo desde su concepción, sino también a la mujer embarazada, articulando mecanismos de ayuda ya desde la fase prenatal, con el objetivo de velar por la vida y la salud del nasciturus, al mismo tiempo que se ponen todos los medios y el apoyo necesario al alcance de madres jóvenes para que puedan continuar con su embarazo y criar a sus hijos dignamente, con salud y en libertad.
Protección a todos los niveles
Sobre el derecho a la educación, el texto promueve la escolarización universal y gratuita a niños de 0 a 3 años, lo que supone una de sus novedades. En la Comunidad de Madrid el próximo curso 2022/23 será el cuarto con la escolarización en las Escuelas Infantiles públicas, una iniciativa que beneficia a más de 40.000 familias. Del mismo modo recoge la protección integral de la salud de los niños como un derecho irrenunciable, al mismo tiempo que una obligación compartida por el conjunto de la sociedad.
La Ley aprobada en Consejo de Gobierno dedica 17 artículos a la protección de los menores. Y lo hace en una doble dirección. Por un lado, la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a cualquier forma de violencia, a través de medidas en el ámbito familiar, educativo y sanitario, así como en el sistema de protección de menores. Y por otro, la protección respecto a determinadas actividades, productos y servicios, como publicaciones y contenidos audiovisuales, espectáculos públicos o actividades recreativas.
El documento también indica que el acceso universal del niño a las competencias digitales debe ser un empeño de las administraciones públicas, con independencia del lugar en el que viva el menor o de la capacidad económica de su familia.
El texto del proyecto de Ley validado ahora se remite a la Asamblea de Madrid para la correspondiente tramitación parlamentaria previa a su entrada en vigor.
