El portavoz de los obispos defiende la actual Ley de Libertad Religiosa y pide «seriedad» frente a quienes cuestionan la propiedad de los bienes inmatriculados por la Iglesia. La situación económica de 13, el pacto educativo y el apostolado seglar son temas abordados también esta semana en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Una cosa es que la Iglesia dé a sus bienes «un uso social» y los ponga «a disposición del conjunto de la ciudadanía», y otra, pretender «entrar en un clima de desamortización encubierta», cuestionando que «una catedral, una iglesia, una casa parroquial…» pertenecen a la comunidad católica.
Así respondió el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, a una pregunta sobre la lista que va a elaborar el Ejecutivo de Mariano Rajoy de inmuebles inmatriculados por la Iglesia desde 1998, entre 30.000 y 40.000.
En la rueda de prensa final tras la reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, Gil Tamayo no ocultó que «para nosotros fue una sorpresa» conocer esta medida a raíz de la respuesta escrita del Gobierno a dos diputados socialistas, después de que en abril una proposición no de ley aprobada por el Congreso le instara a elaborarla en el plazo de seis meses.
Y si bien dejó claro que, en esta y en cualquier otra cuestión, la Iglesia acata las decisiones del Parlamento, advirtió de que no puede haber «un cuestionamiento del derecho de propiedad de una comunidad antigua» como la católica que «pervive y goza de buena salud en el siglo XXI». «Aquí tenemos que ser serios» y respetar la propiedad privada», añadió. «Un bien de dominio público es un monte».
Ley de Libertad Religiosa: no cambiar lo que funciona
Preguntado sobre la moción aprobada esta semana que insta al gobierno a modificar la Ley de Libertad Religiosa –el Ejecutivo ya ha anunciado que no lo hará–, José María Gil Tamayo respondió que «las cosas que funcionan hay que ayudar a que sigan funcionando. Lo nuevo por nuevo no tiene la garantía de ser bueno». El secretario general de la CEE subrayó además que los obispos han mantenido relaciones institucionales satisfactorias «con gobiernos de un signo y de otro», desde la «mutua independencia y colaboración».
También resalto que la Iglesia ni quiere ni goza de privilegios en España. Al referirse al conjunto de exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia, Gil Tamayo dijo que beneficios que, en su día, sí pudieron suponer «un privilegio», al establecerse mediante los Acuerdos del Gobierno español con la Santa Sede, hoy están generalizados al conjunto de confesiones religiosas con acuerdos con el Estado, a fundaciones o partidos políticos.
Con respecto a sentencia del Tribunal de Justicia de la UE conocida esta semana, según la cual las exenciones fiscales en el caso de un colegio concertado que acometió unas obras de reforma en Madrid «pueden constituir ayudas estatales prohibidas», el portavoz de los obispos respondió que se trata de «una cuestión prejudicial sobre un litigio concreto». Y si bien todavía «hay que estudiar la sentencia», no se pueden extraer de ella «conclusiones generalizadas».
La crisis de 13TV
También habló el secretario general sobre las dificultades económicas en 13 Tv. Los obispos abordaron este asunto en la Comisión Permanente y están comprometidos a «seguir adelante con el proyecto», que «no se plantean abandonar». Es importante –dijo Gil Tamayo– contar con un medio que ofrece una visión cristiana de la realidad, beneficiosa para toda la sociedad, además de programas socio-religiosos» que para los obispos consideran de «utilidad pastoral».
El reto es hacer económicamente viable un proyecto que afronta «dificultades para sobrevivir» por la crisis de ingresos publicitarios. La Conferencia Episcopal, principal accionista de la cadena, está decidida a intentar «solucionar los problemas con la iluminación de la doctrina social de la Iglesia», y no solo con «la legalidad vigente», aunque Gil Tamayo dejó claro al mismo tiempo que «no podemos arrastrar cargas que no arrastraría ningún medio que quisiera sobrevivir». «No podemos hundir el barco porque no haya posibilidades de aliviar la carga», lo cual puede exigir tomar decisiones «dolorosas».
En la práctica, hasta ahora estos ajustes se han traducido en la no renovación de empleados de la cadena cuyos contratos han caducado.
Pacto educativo y apostolado seglar
En la Permanente se habló también de educación. La Iglesia quiere participar en el pacto educativo con una sola voz, aunando a todos los agentes implicados, desde las escuelas concertadas a las asociaciones de padres y madres. Gil Tamayo resaltó esta unidad intraeclesial como «muy positiva», de cara a buscar soluciones para los problemas y retos que afronta la educación en España, desde una preocupación «generalizada» que la Iglesia comparte.
Como actor muy significativo desde hace siglos en la educación española, los católicos tenemos «mucho que decir» en unos debates en las que todas las partes están llamadas, desde el «respeto», a «buscar sobre todo el bien» de los alumnos, añadió.
Para ello, Gil Tamayo reiteró que es necesario «desideologizar la educación» y no convertirla en campo de batalla en las luchas partidistas, sino que «estamos obligados a ponernos de acuerdo», con mentalidad «inclusiva» y «con sentido de Estado».
Una de las próximas asambleas de la CEE –anunció el portavoz– abordará en profundidad la educación.
También se hablará de cómo impulsar el apostolado seglar, según lo previsto por el Plan pastoral de la CEE, otro de los temas que ha empezado a preparar esta semana la Comisión Permanente. Atención específica merecerá la pastoral juvenil, en preparación del sínodo de 2018 dedicado a este tema, y sobre el que las diócesis han comenzado a recoger opiniones de jóvenes y agentes de pastoral por medio de unos cuestionarios. Una vez recogidas las respuestas, se elaborará una síntesis que será enviada a la Secretaría del Sínodo de los Obispos.
Ricardo Benjumea
