Entrevista a monseñor Medina Acosta, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia. Hace dos meses, se perpetró el atentado en Bogotá contra el candidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Continúa hospitalizado en estado grave, en un momento de creciente conflicto con guerrillas, grupos armados y cárteles de la droga.
5 de agosto 2025.- El compromiso de ser «profetas, testigos y servidores de la esperanza» ante las difíciles realidades que enfrenta Colombia hoy. Así lo escribieron los obispos del país latinoamericano en un mensaje al concluir su asamblea plenaria celebrada el mes pasado en Bogotá.
El atentado del 7 de junio en el barrio Modelia de la capital contra el candidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien aún se encuentra hospitalizado en estado grave, arrojó una sombra de violencia política sobre la nación, en un momento en que el conflicto con guerrillas, grupos armados y cárteles de la droga, que compiten por territorio y rutas de tráfico, está en aumento.
En declaraciones a los medios vaticanos, monseñor Germán Medina Acosta, obispo de Engativá y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), recordó tanto el llamado del Papa Francisco, cuando durante su visita apostólica del 2017 instó a los colombianos a no dejarse «robar» la esperanza, como el llamado del Papa León XIV a crear una cultura de paz «desarmada y desarmante» y a ser artífices de «unidad», porque – enfatiza el prelado – esta «nace del diálogo, de la escucha, del reconocimiento del dolor ajeno y del deseo de sanar las heridas del pasado con justicia, memoria y verdad».
La Conferencia Episcopal de Colombia expresó su pesar por la persistente fragmentación y polarización, la profundización de las divisiones políticas, sociales y económicas, y las profundas heridas causadas por la violencia, la corrupción, el narcotráfico y las actividades ilícitas en el país. ¿Qué significa este momento para la nación?
Como en otras regiones del mundo, han surgido líderes políticos de diversas orientaciones ideológicas, y sus posturas, que fomentan la disidencia y los discursos populistas, obstaculizan la construcción de caminos comunes.
“En un país herido por la división, creemos que es urgente promover una cultura política basada en el respeto, el encuentro y la fraternidad”
En los últimos años, hemos presenciado un aumento de la violencia, impulsado por las acciones de múltiples actores armados ilegales y la consolidación de economías ilícitas que operan en diversas regiones del país. Esta situación ha tenido un profundo impacto en la ciudadanía, profundizando heridas del pasado y creando nuevas fracturas en el tejido social.
A esto se suman factores estructurales que agravan la crisis: la corrupción persistente, la limitada capacidad del Estado para responder eficazmente a las emergencias sociales, la creciente desconfianza en las instituciones y la falta de garantías para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
Todo esto ha debilitado los pilares de la convivencia, generando incertidumbre y desconfianza. En este contexto, las comunidades más vulnerables son las que más sufren. Colombia necesita caminos de reconciliación, justicia y esperanza. Por esta razón, la Iglesia local estableció recientemente el Servicio Episcopal para el Perdón, la Reconciliación y la Paz.
En las últimas semanas, a medida que se intensificaban las tensiones políticas por la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, un atentado hirió gravemente al senador Miguel Uribe. ¿Qué riesgos existen en un país que ha soportado más de cincuenta años de guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?
La reforma laboral propuesta por el gobierno, la violencia política y el conflicto armado interno son temas distintos que no deben confundirse, aunque forman parte de un contexto común.
Las interpretaciones sobre las causas del ataque al senador Miguel Uribe varían; sin embargo, las investigaciones de las autoridades indican que el origen se encuentra en actores armados interesados en desestabilizar el Estado, creando un clima de tensión y caos que intensifique la violencia, especialmente en el período preelectoral.
“Este ‘modus operandi’ se ha empleado en el pasado en nuestro país”
Por otro lado, muchos analistas coinciden en que la violencia política de los primeros años derivó posteriormente en violencia ideológica subversiva, pero que hoy nos enfrentamos a una violencia no ideológica, generada por las dinámicas perversas de las economías ilícitas, el narcotráfico, el microtráfico, la minería ilegal y la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
“En general, cualquier expresión de violencia constituye un desafío pastoral, ya que están en juego los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la libertad, y como pastores, no podemos ignorarlo”
Tampoco podemos perder de vista los graves riesgos que enfrenta un país que ha vivido más de cincuenta años de conflicto armado: las comunidades en las zonas históricamente más afectadas siguen padeciendo una profunda fragmentación del tejido social, expresada en la ruptura de lazos de solidaridad, la desconfianza entre vecinos y los procesos comunitarios.
Esta situación facilita la acción de grupos armados ilegales y la persistencia de prácticas como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, lo cual constituye una herida abierta. A esto se suma el hecho de que muchas de nuestras jóvenes generaciones crecen inmersas en culturas que exaltan la violencia, el odio y la exclusión.
“Como Iglesia, estamos profundamente preocupados y reafirmamos nuestro compromiso de acompañar, sanar y reconstruir el tejido social con el amor, la justicia y la misericordia del Evangelio”
La inseguridad persiste en el país: varias facciones disidentes de las FARC siguen operando, al igual que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas internacionales del narcotráfico. ¿Cuáles son las consecuencias para la población civil?
En el primer trimestre del 2025, el número de personas afectadas por la violencia se cuadriplicó en comparación con el año anterior. Departamentos como Norte de Santander, Arauca, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Chocó, Sur de Bolívar, Antioquia (Bajo Cauca), Santander y Nariño experimentan desplazamientos masivos, confinamiento, restricciones a la movilidad y el uso de artefactos explosivos, lo que afecta gravemente a las poblaciones afrocolombianas, indígenas y rurales.
La presencia de grupos armados ilegales ha generado situaciones difíciles para las comunidades, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario: reclutamiento forzado de menores, cierre de escuelas, toques de queda, amenazas contra el liderazgo social, limitaciones al acceso a servicios esenciales y restricciones a la movilidad.
“Esta situación no sólo deteriora la vida material de las personas, sino que también deja profundas cicatrices en la sociedad. Como Iglesia, esta realidad nos entristece y renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando a quienes sufren, reconociendo que estamos llamados a promover la vida, la dignidad humana y los caminos de la reconciliación”
¿Cuál es el estado actual del programa de “paz total” del presidente Gustavo Petro?
La política de ‘paz total’ comenzó con el actual gobierno del presidente Petro y ha generado gran expectativa, ya que se lo considera el primer gobierno de izquierda en Colombia.
“Debo reconocer también que todos los gobiernos nacionales, a lo largo del tiempo, han lanzado iniciativas con diferentes nombres, pero siempre con el afán de construir la paz”.
El actual gobierno ha tenido dificultades para materializar su compromiso con la paz por varias razones, una de ellas sociológica: incluso entre los grupos armados presentes en Colombia, la unidad del pasado, cuando los grupos guerrilleros tenían una estructura más amplia y alcance nacional, ya no existe.
Tras el acuerdo de paz del 2016, surgieron grupos disidentes de las FARC, y actualmente existen bloqueos y un frente armado que rodea al gobierno, mientras que las negociaciones están suspendidas, al igual que las negociaciones con el ELN y las siete mesas regionales para los procesos de paz territorial y paz urbana.
Hasta la fecha, el gobierno aún debe definir el marco legal para estas conversaciones, e incluso quizás un método que pueda producir los resultados deseados por todos los colombianos.
“Desde la Nunciatura Apostólica en Colombia y nuestra Conferencia Episcopal, estamos convencidos de que ha llegado el momento de presentar un marco ético para la participación de la Iglesia como acompañante en estos procesos de diálogo y la búsqueda de la paz”
Este marco salvaguarda el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, a la vez que impulsa los esfuerzos de paz territorial, convencidos de una solución negociada mediante el diálogo y el bien común.
GIADA AQUILINO
Una rosa y una bandera con la palabra «Paz» izadas tras la violencia en el departamento del Cauca (Foto: AFP)
