La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remitido hoy una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para solicitar su actuación urgente ante la ocupación ilegal de viviendas, “un problema que afecta a miles de personas tanto en España como en la Comunidad de Madrid”.
Díaz Ayuso traslada su preocupación enumerando casos de inquiocupación que “muestran claramente la magnitud del problema y la necesidad –subraya- de tomar medidas efectivas lo antes posible para proteger un derecho tan importante como es la propiedad privada”.
La presidenta madrileña reclama al Defensor del Pueblo su intervención “en defensa de los derechos de las personas que te detallo en esta carta, haciendo efectivo su derecho a la propiedad, su derecho a la tutela judicial efectiva, y el amparo debido a las personas mayores”.
La presidenta considera que las ocupaciones ilegales “no pueden quedar sin respuesta eficaz en un Estado de Derecho”, recalcando que “no se pueden amparar bajo ninguna consideración conductas delictivas que generan tanto sufrimiento”.
Carta remitida por Díaz Ayuso al Defensor del Pueblo
Excmo. Sr.
D. Ángel Gabilondo
Defensor del Pueblo
C/ Zurbano, 42
28010 Madrid
Madrid, a 14 de febrero de 2025
Estimado Defensor del Pueblo:
Te escribo para transmitirte mi preocupación por un problema que afecta a miles de personas tanto en España como en la Comunidad de Madrid: la ocupación ilegal de viviendas.
Hace unos días me reuní con Teresa Mateos, una mujer de 82 años de Fuenlabrada, que padece desde 2023 la inquiocupación de una vivienda que alquilaba para completar su pequeña pensión de jubilación como autónoma, después de trabajar durante muchos años regentando un bar con su marido.
Al perjuicio económico, se suma el daño psicológico y la sensación de impotencia y desprotección, que ha afectado a la salud del matrimonio, conduciendo lamentablemente al deterioro físico y fallecimiento del marido.
Este es solo uno de los miles de casos injustos que se dan en la Comunidad de Madrid, como el de Pilar Díez Moya, que convive con una mafia ocupa, o Pilar Gómez Martín, afectada también por la inquiocupación y que ha padecido además la actividad de ocupas en su edificio.
Todos son casos que muestran claramente la magnitud del problema y la necesidad de tomar medidas efectivas lo antes posible para proteger un derecho tan importante como es de la propiedad privada.
Este tipo de situaciones no pueden quedar sin una respuesta eficaz en un Estado de Derecho como es España. Las instituciones debemos trabajar para defender los derechos de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, y no se pueden amparar bajo ninguna consideración conductas delictivas que generan tanto sufrimiento, daño a las personas, a la convivencia, la confianza en el futuro y en las instituciones, y a la propia seguridad jurídica de todos.
En este sentido, sirva esta carta para solicitarte que, como Defensor del Pueblo, actúes, por fin, en defensa de los derechos de las personas como las que te detallo en esta carta, haciendo efectivo su derecho a la propiedad, su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y el amparo debido a las personas mayores, exigiendo a la Administración General del Estado que tome las medidas oportunas para mejorar la seguridad y dar cumplimiento a estos derechos constitucionales.
Sin otro particular, y a la espera de que la institución que presides cumpla con su cometido y pueda atender nuestra petición y contribuir a encontrar soluciones a este problema tan doloroso para muchas familias, recibe un afectuoso saludo.
Foto: Comunidad de Madrid
