Aun así, solicitan incluir también la adopción ilegal y la gestación subrogada como supuestos.
29 de abril 2024.- Adoratrices envió el pasado viernes 26 de abril sus contribuciones al Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la trata y la explotación de seres humanos, sumándose así al proceso de audiencia e información pública conducido por el Ministerio de Igualdad.
A través de una nota de prensa, esta congregación femenina centrada desde sus orígenes en la lucha contra la prostitución y volcada en la incidencia política durante los últimos diez años ha celebrado que «el Gobierno haya retomado en esta legislatura el proceso de aprobación de una ley integral contra todas las formas de trata de seres humanos». Es un compromiso al que se llegó en el Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo.
Según las religiosas, «el texto aprobado supone un paso inicial en la dirección adecuada» aunque matizan que «tiene mucho margen de mejora». Y que, antes de su envío por parte del Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados, debería «incorporar el análisis y la experiencia de la entidades especializadas en aspectos sustanciales que afectan a la prevención, detección, identificación, acompañamiento integral y acceso a la reparación de las víctimas de trata». Es un ámbito en el que tienen un amplio conocimiento, pues en la legislatura pasada ya contribuyeron con valoraciones y recomendaciones en los procesos de audiencia pública.
Las Adoratrices se han mostrado satisfechas con la modificación del Código Penal para tipificar delitos como trabajos o servicios forzados, servidumbre y esclavitud, que no estaban definidos en la regulación actual. Sin embargo, han pedido revisar y ajustar la redacción para alinearse con la normativa internacional. Entre sus recomendaciones se encuentra la ampliación de la definición de trata para incluir en ella la adopción ilegal y la gestación subrogada, en coherencia con la nueva Directiva Europea aprobada el 23 de abril de 2024.
Proponen además facultar a diversos actores, como las Unidades de Violencia de Género y los servicios sociales especializados, para la identificación provisional de víctimas. Abogan por garantizar la indemnización de las víctimas a través de un fondo estatal en caso de insolvencia de los tratantes y por medidas para evitar la revictimización en el proceso judicial. Asimismo, solicitan la independencia orgánica de la Relatoría Nacional contra la Trata y la protección de las víctimas frente a penas y sanciones adicionales.
REDACCIÓN
Alfa y Omega
