El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de hoy el informe oral sobre el estado del sector de la energía en la región.
Actualmente está en trámite la adaptación del Decreto que regula las instalaciones de energía eléctrica de alta tensión.
Presenta una de las mejores calidades de suministro con una duración de cortes anual de solo 0,5 horas frente a cerca del triple de la media nacional.
Madrid teme que el Gobierno central se apoye en criterios políticos y no técnicos en su planificación energética 2025/30 y que sus efectos sean nocivos para la región.
Reivindica además la continuidad de las cinco centrales nucleares españolas, cuyo cese supondría un aumento del 23% en la factura eléctrica de hogares y pymes.
El Ejecutivo autonómico, a la cabeza en materia de gestión de fondos europeos para el sector con un total de 660 millones, el 15% del asignado a las CCAA.
26 de febrero 2025.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido hoy el informe sobre la situación del sector de la energía de la región, donde destaca la actualización de su marco normativo para garantizar el liderazgo en España sobre seguridad energética. Además, recoge la preocupación por los posibles efectos nocivos para Madrid de la próxima planificación energética estatal 2025/30 y por las graves consecuencias, para la región y España, del cierre programado por el Gobierno central de las cinco plantas nucleares nacionales.
El análisis, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, recoge la adaptación del Decreto del Gobierno autonómico para la simplificación de los procedimientos de autorización, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador de las instalaciones de energía eléctrica de alta tensión, que actualmente se encuentra en trámite.
Con esta modificación, unida a la reciente aprobación de la Ley regional de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, el Ejecutivo madrileño simplifica los procesos de autorización, garantiza que las empresas puedan conectarse a la red de manera más rápida y eficiente, además de asegurar el suministro como prioridad estratégica.
En este sentido, Madrid presenta una de las mejores calidades de suministro, con una duración media de cortes anual de tan solo 0,5 horas frente a cerca del triple (1,26) de la media nacional.
Preocupación por el Plan Energético Estatal
El informe refleja la preocupación de la Comunidad de Madrid ante la próxima planificación energética estatal 2025/30, instando a que se base en criterios técnicos y no políticos para evitar efectos nocivos, dado su impacto clave en el desarrollo económico de la región y en la garantía de suministro para nuevos proyectos residenciales, industriales, centros de datos y servicios públicos esenciales.
De otro lado, el análisis presentado en el Consejo de Gobierno indica que la región sigue a la cabeza en materia de gestión de fondos europeos en materia de energía, con un total asignado de 660 millones que supone el 15% del total para las CCAA. De ellos, ya se ha concedido el 81,7%, hasta 13,5 puntos por encima de la media nacional.
Entre los principales programas con esta financiación se encuentran el Plan Moves II y III; el dirigido a ayudas para renovables en autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos; o el de rehabilitación energética en edificios.
Continuidad de las centrales nucleares
El informe recoge la defensa de la Comunidad de Madrid para la continuidad de las cinco centrales nucleares activas en España, tal y como ha recalcado esta semana la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, en su visita a la de Almaraz –Cáceres-.
Este tipo de energía, considerada como verde por la Unión Europea en 2022, evita la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO₂ al año, contribuyendo a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y a la estabilidad del suministro energético. Su actividad da empleo a alrededor de 30.000 trabajadores y es vital para los municipios rurales donde se encuentran estas infraestructuras.
Recientes estudios calculan que su fin en España, como ha programado el Gobierno central, provocaría un aumento del 23% en la factura de la luz para hogares y pequeñas empresas, con pérdidas inasumibles para quienes generan empleo y riqueza, y en un 35% para la industria. Además, el suministro de electricidad se vería comprometido en situaciones de alta demanda y baja producción renovable, tal y como ya ha ocurrido en el pasado.
FOTO: COMUNIDAD DE MADRID
