A través de los recursos de la Mesa por la Hospitalidad, los migrantes encuentran en la capital una alternativa al hacinamiento en el archipiélago. Además, técnicos denuncian que el Gobierno hace pasar por adultos a algunos menores.
12 de septiembre 2024.- «Canarias parece prácticamente un aparcamiento de personas, no hay seguimiento ni trabajo personal con los chavales que llegan», opina Carlos Trujillo, coordinador del equipo de responsables de la Obra Social La Salle San José. De los ocho migrantes que se acogen esta semana en sus instalaciones en el madrileño barrio de Aluche, la mitad viene de las islas. «La situación es como el infierno de Dante, donde no hay esperanza y se van dejando pasar los días», compara para denunciar «el hacinamiento, la falta de recursos y la situación sin condiciones humanas para la acogida».
Es un calvario que conoce Idy, de 29 años y alojado esta semana en la parroquia de Santa Irene. Es la que este mes de septiembre hace guardia en la Mesa por la Hospitalidad para ofrecer un primer alojamiento a los migrantes que llegan a la capital. En estos días han pasado 13 personas por sus instalaciones. Este senegalés llegó a España a través de la isla del Hierro «en patera junto a 224 personas» y fue trasladado de una isla a otra por la Policía Nacional, primero a Tenerife, después a Gran Canaria, donde vivió 15 días antes de ser enviado a la península. Javier Ojeda, párroco de Santa Irene, detalla que, aunque en un principio la Mesa por la Hospitalidad trabajaba especialmente con migrantes de familias hispanoamericanas, «prácticamente el 95 % de las personas que acogemos ahora son subsaharianas» y la mayoría llegan en patera a través del archipiélago.
Por su parte, Inma Martín, coordinadora de las residencias del Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad (SERCADE), una de ellas en el barrio de Usera, denuncia los esfuerzos del Gobierno por hacer pasar por mayores a los migrantes más jóvenes. El pasado mes de agosto ofreció dos plazas a unos menores llegados a Tenerife que «se quedaron en la calle» porque se decidió arbitrariamente que eran adultos y les echaron del centro de menores donde estaban. «Esto es bastante frecuente. Al no tener documentación, se les hacen unas pruebas radiológicas de los huesos de la muñeca, pero el margen de error es muy grande», protesta. Detalla que, de las 29 personas que actualmente se alojan en su servicio, ocho vienen de las islas.
Carlos Trujillo suscribe, aunque ve «claramente insuficiente», el esfuerzo de las comunidades autónomas por asumir una parte de los migrantes que llegan a Canarias. Al margen de lo que hagan los territorios, reivindica que «la Iglesia tiene la doble misión de acoger y a la vez ser una voz profética en la sociedad que pueda llevar a que las administraciones se comprometan». Opina que en la archidiócesis de Madrid «el cardenal Osoro y el cardenal Cobo han captado el mensaje que el Papa Francisco ha lanzado a la Iglesia». Y desea que «vaya calando en las parroquias, en toda la diócesis» y en toda España, «porque es un desafío común». «No estamos haciendo política, sino lo que Jesús dice en el Evangelio: “Fui forastero y me acogisteis”».
Por su parte, José Luis Segovia, vicario Pastoral de la archidiócesis de Madrid, recuerda los elementos que debe tener el pacto nacional de migraciones al que ya emplazó el cardenal Cobo la semana pasada, que «va en la línea del magisterio del Papa Francisco» y que pretende «sacar las migraciones del debate partidista y tratarlas con realismo». «No puede quedar al albur del emotivismo mediático, que juega con la dignidad de las personas; el miedo es uno de los grandes peligros que amenazan las democracias y lo contrario a la fe», reivindica.
Segovia recuerda «el derecho a no tener que migrar», tema central del último mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Señala asimismo que este pacto debería «articular una política de migraciones que integre las competencias del Gobierno nacional, comunidades autónomas y entidades sociales». También de la Unión Europea. Y concluye señalando la necesidad de ofrecer «acompañamiento y procesos educativos» a los recién llegados, porque «el fenómeno criminal no conoce de nacionalidades y se correlaciona con la precariedad». «Donde se abre una escuela se cierra un presidio», sentencia.
RODRIGO MORENO QUICIOS
Alfa y Omega
